“Esta resolución autoriza de manera ilegal la minería fluvial en seis ríos del estado Bolívar como son: Caroní, Aro, Cuchivero, Yuruani, Caura, Cuyuní. Además viola el artículo 127 de nuestra Constitución donde se establece la protección al ambiente, a la diversidad biológica, los procesos ecológicos, parques nacionales y demás áreas ecológicas. Esta resolución conlleva al incremento de la deforestación, del deterioro de la calidad del agua desde la incorporación de contaminantes a las comunidades cercanas, el envenenamiento por mercurio y la alteración de los cauces sólo en el estado Bolívar”.

Guacarán además, detalló que existen más de 198 comunidades indígenas que se han visto obligadas a dejar su forma de vida tradicional y que además no fueron consultadas sobre el desarrollo de las acciones de minería en esas áreas.

La parlamentaria ve con preocupación, cómo ha incrementado la prostitución, el esclavismo, el trabajo infantil y otros delitos de genocidio en áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima y las reservas forestales de Imataca que están siendo deforestadas.

“Debemos resaltar la ley sancionada por esta legítima Asamblea Nacional: la Ley Orgánica de la Mega Reserva del Agua Dulce, Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía con el objetivo de garantizar la integridad ambiental y recursos naturales del país”.

Como representante parlamentaria, electa por mayoría Popular en cinco estados de la región de oriente, se apegó a este acuerdo del rechazo de esta resolución 0010 y pidió también su sanción y resolución al pueblo venezolano. “Los venezolanos deben enterarse de cómo el régimen ha ido destruyendo la ecología los parques y las reservas forestales de nuestro hermoso país”. NP

YS