La medida adoptada por decreto el presidente argentino, Mauricio Macri, fue eje este martes de una reunión entre autoridades del Gobierno nacional, gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos y representantes de empresas petroleras.

En esa reunión se acordó continuar el diálogo la semana que viene, pero este miércoles las provincias de Neuquén, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, y Río Negro acudieron a la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto.

A estos recursos se suma otro presentado este martes ante un tribunal por la petrolera Vista.

El polémico decreto, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, dispone que por 90 días las entregas de petróleo crudo al mercado local deben ser facturadas al precio convenido entre las empresas productoras y de refino el pasado 9 de agosto, antes de que se desataran las turbulencias financieras por el revés de Macri en las primarias del día 11.

La normativa obliga a aplicar un tipo de cambio de referencia de 45,19 dólares -cuando actualmente el precio de la divisa estadounidense es de 57 pesos por unidad- y un precio de referencia del crudo Brent de 59 dólares por barril.

Con esta medida, el Gobierno busca impedir nuevas alzas en los precios de los combustibles, un bien cuyo precio incide en los costes de otros productos y servicios, y así contener la inflación, que ya es alta y se disparará aún más por la fuerte subida en el precio del dólar registrada la semana pasada.

Pero la medida no cayó bien entre las provincias petroleras, que verán mermar sus ingresos por regalías y también las inversiones a futuro, en particular en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

A tribunales en contra del decreto de Macri

En su presentación ante el Supremo, Neuquén advirtió que el decreto «afecta de forma directa y actual la percepción de sus rentas públicas».

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró este miércoles que no está «en contra del congelamiento del precio de los combustibles, porque apunta a cuidar el bolsillo de la gente», pero reclamó que «la carga de esta medida sea afrontada en forma más equitativa».

Sobre la reunión de este martes con el Gobierno nacional, Weretilneck dijo que el Ejecutivo de Macri «se comprometió a buscar otra alternativa», pero, como «en concreto no hubo otro avance», Río Negro decidió avanzar con una medida cautelar ante la Corte.

En tanto, la petrolera Vista comunicó hoy a sus inversionistas que este martes se presentó en los tribunales federales para demandar la anulación de los efectos del decreto de Macri con el objetivo de «evitar que se consumen los perjuicios que dicho decreto tendría sobre las operaciones y los resultados financieros» de la compañía.

La calificadora Moody’s ha advertido este miércoles en un informe que el decreto, que además de congelar el precio y obligar a las empresas productoras a cubrir el total de la demanda de petróleo crudo que les sea requerido por las empresas de refino, es «negativo» para las compañías locales del sector.

«La nueva política aumenta el riesgo de tipo de cambio para los productores de crudo y las empresas de refino y debilita la liquidez de las empresas porque reducirá su flujo de caja y, por lo tanto, su capacidad de pagar deudas denominadas en dólares», observó la calificadora.

Moody’s señaló que la congelación temporal del precio del crudo no pone en peligro inmediato los proyectos en Vaca Muerta.

Pero advirtió que el cambio «repentino» en el marco de regulación del mercado y la incertidumbre sobre el futuro de la política económica en Argentina, donde en octubre próximo se celebrarán elecciones presidenciales, «reducirá la confianza de los inversores y puede obstaculizar las perspectivas de crecimiento para la producción de petróleo no convencional a largo plazo».

EFE / MV