El déficit lleva camino de convertirse en el peor enemigo al que se enfrentará Salvador Illa en su nueva andadura como ministro de Sanidad. La explicación es sencilla. El pasado año, el desajuste de las cuentas públicas no fue del 1,3%, como preveía inicialmente el Gobierno, sino de cerca del 3%, como adelantó LA RAZÓN.

Esta diferencia equivale a un agujero superior a los 20.000 millones sólo en 2019, y que se agrandará previsiblemente aún más este año por la subida de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios, así como por la aprobación de otras medidas «sociales» pactadas entre PSOE y Unidas Podemos.

¿Cómo afecta esto a la Sanidad? En todo. Por un lado, habrá poco margen para incrementar las transferencias a las autonomías, que son las que gestionan los servicios de salud, con lo que el dinero destinado a atender a los pacientes apenas experimentará variaciones significativas, salvo que esas comunidades decidan destinar menos fondos a otras áreas. Por otro lado, el incremento del déficit restará autonomía al Ministerio de Sanidad, en la medida en que aumentará la voracidad recaudatoria del Ministerio de Hacienda. En otras palabras: cuanto mayor sea el desajuste, mayor será la tentación de María Jesús Montero de poner en marcha medidas punitivas para los agentes que operan en el sector por la vía de las aportaciones directas o a través de otras iniciativas igualmente gravosas, como, por ejemplo, la extensión de las subastas de fármacos.

Source: A tu salud